Presentamos en 2024 un informe elaborado por Sofía Amarillo y Florencia Grimolizzi. Alertan sobre una posible avanzada conservadora desde la Corte Suprema que pondría en riesgo los derechos sexuales y reproductivos conquistados.
A cinco años de la sanción de la ley 27.610, que legalizó el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, una nueva alerta se enciende entre los feminismos. Esta vez, el foco está en un caso judicial que discute la posibilidad de descartar embriones criopreservados: “P.A. y otro s/ autorización judicial”, actualmente en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El expediente, originado en 2018 a raíz del conflicto entre una expareja y una clínica de fertilización asistida, reaviva el debate sobre el estatus jurídico del embrión no implantado. A pesar de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil falló a favor del descarte, el Ministerio Público Tutelar apeló la decisión, llevando el tema al máximo tribunal. Desde el movimiento feminista y organizaciones como Proyecto Generar, advierten que una sentencia regresiva podría sentar un precedente que erosione los derechos reproductivos conquistados.
“Este caso se presenta como un caballo de Troya para reabrir una discusión saldada en 2020 con la ley de IVE. El riesgo es que desde un expediente técnico se habilite un fallo que reponga la idea del embrión como persona”, advirtieron las autoras del informe.
Criopreservación, vacíos legales y disputa por el sentido
La criopreservación de embriones es una práctica común en tratamientos de reproducción humana asistida. Sin embargo, en Argentina no existe una ley específica que regule su destino. El Código Civil y Comercial establece que “la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial”, pero esa norma aún no ha sido dictada.
En este vacío normativo, la CSJN convocó en 2023 a una audiencia pública sobre el caso, lo que fue leído como un gesto político. “No hay nada técnico en una convocatoria que apunta a debatir lo que ya está legislado: la autonomía reproductiva”, sostuvo la jurista Eleonora Lamm.
Especialistas en derecho como Marisa Herrera recuerdan que ya existe un corpus normativo sólido, tanto nacional como internacional, que garantiza los derechos sexuales y reproductivos. La ley 27.610, la ley de reproducción asistida (26.862), y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –particularmente el fallo Artavia Murillo vs. Costa Rica– coinciden en que el embrión no implantado no es sujeto de derechos como una persona.
¿Se puede comparar el descarte de un embrión in vitro con un aborto?
La pregunta se vuelve central. Mientras sectores conservadores intentan equiparar ambas situaciones, el consenso científico y jurídico las distingue claramente. “Si el Estado reconoce que hasta la semana 14 una persona puede interrumpir un embarazo, no se entiende por qué habría más restricciones cuando el embrión ni siquiera está implantado”, reflexionó Esteban, periodista de Página/12.
Alberto Kornblihtt, biólogo molecular, subraya que un embrión in vitro es apenas un conjunto de células, sin desarrollo ni implantación, y que otorgarle un estatus similar al de una persona gestante implicaría un retroceso.
Un espejo inquietante: el caso de Estados Unidos
La experiencia reciente de Estados Unidos actúa como advertencia. En 2022, la Corte Suprema estadounidense derogó el histórico fallo “Roe vs. Wade”, eliminando el reconocimiento federal del derecho al aborto. La consecuencia fue inmediata: 14 estados lo prohibieron totalmente y otros 12 impusieron severas restricciones.
“El caso estadounidense nos recuerda que los derechos conquistados nunca son definitivos”, citan las autoras del informe.
En Argentina, el fallo pendiente de la Corte Suprema podría marcar un antes y un después. Si el máximo tribunal optara por reconocer derechos al embrión criopreservado, abriría la puerta a una ofensiva judicial contra la ley de aborto y otras normativas de salud sexual y reproductiva.
La respuesta feminista: alerta y acción
Ante este escenario, organizaciones feministas llaman a la acción. “Necesitamos una legislación clara sobre el destino de los embriones, pero también una defensa activa de los derechos ya conquistados. No podemos permitir que, bajo la excusa de un vacío legal, se retroceda en nuestra autonomía”, sostienen desde Proyecto Generar.
El informe concluye que, frente a una Corte Suprema permeable a los sectores conservadores, resulta urgente intensificar la incidencia política, la movilización social y la defensa jurídica de los derechos sexuales y reproductivos. Porque, como enseñó la historia reciente, las conquistas no son eternas: hay que defenderlas cada día.