A diez años del primer grito colectivo de #NiUnaMenos, la Argentina vive un retroceso drástico en derechos conquistados por mujeres y diversidades. La gestión de Javier Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cerró programas clave y recortó más del 80% del presupuesto destinado a políticas de género.
Informe realizado por Sofía Amarillo, Agostina Druetta, Belén del Huerto Romero y Victoria
Tesoriero. Junio de 2025.
En 2015, millones salieron a las calles para decir “basta” a la violencia machista. Diez años después, el Estado argentino parece haberle dado la espalda a ese reclamo. Un reciente informe titulado “Retrocesos en las políticas de género en la era de Milei”,
Desde la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad hasta la caída del 100% en la entrega de medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el diagnóstico es categórico: estamos ante un vaciamiento estructural de las políticas públicas orientadas a la igualdad de género.
De Ministerio a Subsecretaría fantasma
La primera medida de impacto fue la degradación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una Subsecretaría dentro del Ministerio de Justicia. Pocos meses después, las resoluciones 291 y 292 del 2025 eliminaron todos sus programas, entre ellos, el Acompañar, Produccir, Igualar, Generar, Menstruar, Sembrar Igualdad, y la red de Escuelas Populares Macachas y Remedios, entre otros.
El Plan ENIA, que había logrado reducir en un 49% el embarazo adolescente no intencional, fue también desarticulado. Se despidió a sus 700 trabajadores, lo que implicó el fin de un programa que costaba 17,5 millones de dólares, frente a los 568 millones que pierde el país por los efectos del embarazo adolescente en la productividad femenina, según el UNFPA.
Recortes con impacto directo en la vida de las personas
La reducción del 80% en el presupuesto de políticas de género tuvo consecuencias inmediatas. El Programa Acompañar, que otorgaba apoyo económico a mujeres en situación de violencia, dejó de aprobar solicitudes. De las 782 personas que lo solicitaron entre julio y diciembre de 2024, ninguna fue admitida.
La Línea 144, que recibió casi 50.000 consultas en un año, funciona con apenas 70 trabajadoras por turno y sin intérpretes de lengua de señas. La atención psicológica y jurídica del Programa de Apoyo Urgente también quedó desactivada. En total, cinco personas allegadas a víctimas de femicidio esperan desde 2024 los pagos previstos por ley.
Aborto seguro en jaque y una narrativa de negación
A pesar de que la Ley 27.610 continúa vigente, el Ejecutivo dejó de distribuir medicamentos como el misoprostol y la mifepristona, esenciales para realizar interrupciones voluntarias del embarazo. De más de 106.000 unidades distribuidas en 2023, se pasó a cero en 2024.
El discurso oficial refuerza esta desarticulación. Desde la negación de las identidades trans por parte del ministro de Justicia hasta el anuncio del presidente Milei sobre el “fin del uso de la Ley de Identidad de Género” en cárceles, la narrativa del gobierno es abiertamente regresiva. Incluso se evalúa derogar el DNI no binario, argumentando su “baja demanda”.
La política del abandono
“El argumento del gobierno es que estas políticas son ‘ideológicas’. Pero lo ideológico es abandonarlas, quitarles presupuesto y negar su impacto. Las mujeres y diversidades quedan libradas a su suerte”, señala el informe, citando también el trabajo de ELA y ACIJ.
En un país donde cada 28 horas una mujer es asesinada por violencia machista, la decisión de desfinanciar y desarticular programas que salvaban vidas no puede leerse más que como una política de Estado que elige no ver, no oír y no actuar.
¿Qué queda en pie?
Poco. La Línea 144 y el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias continúan, aunque debilitados. También siguen algunas estructuras dentro del Ministerio de Justicia, como el Cuerpo de abogadas para víctimas de violencia y los dispositivos electrónicos de supervisión. Sin embargo, estos servicios carecen de articulación nacional, presupuesto y capacidad operativa.
Un retroceso que no es solo administrativo
Más allá de los números, el retroceso es simbólico. La eliminación de la palabra “género” en los documentos oficiales, el cierre del INADI y la invisibilización de las mujeres y personas LGBTIQ+ en las políticas públicas son parte de una ofensiva que busca reconfigurar los consensos sociales logrados en democracia.